Oportunidad

Para proporcionar servicios profesionalizados y experimentados a las empresas para su adaptación.

El sector de las consultorías especializadas en ámbito de la protección de datos personales se encuentra en auge fundamentalmente por los siguientes motivos:

– Amplitud de la demanda:

Se trata de una normativa de obligado cumplimiento para todas las entidades que manejen datos de carácter personal, empresas públicas y privadas, asociaciones, comunidades de propietarios, colegios profesionales, clubes deportivos, ayuntamientos, …

– Coyuntura de cambio de normativa:

El   25 de mayo de 2016 entró en vigor el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y será de aplicación en todos los países miembros de la UE a partir del 25 de mayo de 2018. Luego para esta fecha las entidades que manejen datos de carácter personal deberán estar adaptadas para cumplir con los preceptos que indica la citada norma, resultando recomendable el inicio de su implantación cuanto antes para que puedan ir adecuando a los principios y procesos de tratamiento que deberán establecer.

– Descenso de competidores con prácticas fraudulentas.

A partir de 2008 fue de aplicación el RD 1720/2007 que desarrolla la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 de 13 de diciembre, año que coincide con el inicio de la crisis económica. Por este motivo las entidades que comenzaron a adaptarse eran las que más riesgo de sanción tenían, esto es, las que realizaban tratamiento de datos sensibles o a gran escala.

En estos años los precios de consultoría eran bastante altos y más adelante comenzaron a surgir empresas de formación que ofertaban servicios de consultoría de protección de datos de manera fraudulenta. Éstas se dirigían a las empresas que tenían trabajadores, a los que intentaban vender cursos formativos bonificados de muy baja calidad, que eran financiados por la seguridad social y cuyo coste solía ser de 420 € en adelante, según el número de trabajadores. La escasa calidad de estos cursos, tanto en su contenido, como en su forma de impartición, hacía muy difícil su comercialización, aunque resultaran gratuitos para las empresas. De manera, que para conseguir clientes comenzaron a realizar prácticas ilegales de manera muy generalizada, como regalar artículos, tablets o teléfonos, e incluso la prestación de algunos servicios de forma deficitaria y sin nada de profesionalidad, como el de la adecuación protección de datos.

La Fundación Tripartita para el empleo que es la encargada de establecer los mecanismos de control de los cursos, alertaba de esas malas prácticas formativas; y el Servicio Estatal de Empleo Público realizaba inspecciones periódicas, de manera que en aquellas empresas que hubieran comprobado que habían contratado este tipo de servicios eran sancionadas, y se les obligaba a devolver los importes bonificados.

Esta práctica ilegal se produjo de forma masiva y proliferaron numerosas consultoras, lo que provocó que la administración cambiara la normativa que regulaba la formación, incidiendo en la necesidad de aumentar la calidad de los cursos y justificar su precio, intensificándose notablemente las inspecciones, que además se pueden hacer hasta transcurrido 4 años. La consecuencia está siendo que un gran número de empresas han sido y continúan siendo inspeccionadas y sancionadas, por lo que se está consiguiendo que se los empresarios dejen de contratar estos servicios fraudulentos.

Se trata, por tanto, una buena oportunidad para captar como clientes a las numerosas empresas que han sido objeto de este fraude, y que buscan una consultora a la que ya ponen como condición que se preste el servicio de protección de datos “sin asociarse a ningún curso formativo”.

 



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